Por Wisam Zoghbour, desde Gaza
En Gaza, la lluvia no es un fenómeno natural pasajero, sino una dura prueba para un sistema internacional que ha fracasado en la protección de la población civil. Las tiendas que se inundaron con la primera borrasca no se hundieron solo por la lluvia, sino por una larga cadena de decisiones políticas erróneas, complicidad internacional y una incapacidad institucional que ha convertido la ayuda humanitaria en mera gestión del dolor.
Desde hace semanas, las autoridades anuncian la entrada de decenas, incluso cientos, de tiendas y lonas a la Franja de Gaza, presentando estas cifras como prueba de respuesta humanitaria. Sin embargo, la realidad sobre el terreno revela una enorme brecha entre el discurso y los hechos: tiendas no preparadas para el invierno, campamentos establecidos sin sistemas de drenaje, y niños durmiendo en el barro. Con cada tormenta, miles de personas desplazadas se ven obligadas a huir nuevamente, como si el desplazamiento se hubiera convertido en una condición permanente y no en una excepción temporal.
La cuestión aquí no es técnica, sino profundamente política: ¿quién decide la forma y los lugares de distribución del alojamiento? ¿Con base en qué criterios? ¿Y por qué amplias zonas de Gaza, incluido el norte, Jan Yunis y la región central, quedan sin el mínimo nivel de protección? Esta ambigüedad no puede explicarse únicamente por la escasez de recursos; refleja una falla estructural en la gestión de la ayuda y una ausencia real de rendición de cuentas.
Israel, como potencia ocupante, tiene la primera responsabilidad legal y moral por esta catástrofe. Ha destruido viviendas e infraestructuras, impuesto un asfixiante bloqueo y obstaculizado la entrada de materiales adecuados para el refugio. Cuando el cemento está prohibido, los materiales aislantes son restringidos y los suministros de emergencia se clasifican como de “doble uso”, el frío se convierte en parte de la maquinaria de guerra y la lluvia pasa a ser un arma silenciosa que continúa lo que comenzaron las bombas.
Sin embargo, limitarse a condenar a la ocupación no exime a la comunidad internacional de su responsabilidad. Los Estados influyentes, las instituciones de la ONU y los donantes saben perfectamente que las tiendas deterioradas no son una solución para el invierno, y que los campamentos improvisados son una fórmula segura para desastres repetidos. Aun así, siguen financiando soluciones temporales y fallidas, porque son políticamente menos costosas y más acordes con la lógica de “contener la crisis” en lugar de trabajar seriamente para ponerle fin.
Lo más peligroso es que estos fracasos se envuelven en un discurso humanitario pulido. Se toman fotografías, se redactan informes y se anuncian cifras, mientras el ser humano en Gaza queda solo frente a la lluvia con una manta y una tienda agujereada. Así, la ayuda humanitaria deja de ser un deber ético y se convierte en una fachada mediática que oculta la impotencia política.
Gaza no pide privilegios especiales, sino derechos básicos garantizados por el derecho internacional: refugio seguro, protección para los civiles y la apertura de los pasos para permitir la entrada de lo necesario para sobrevivir. Mientras no se sustituya la lógica de la “gestión del sufrimiento” por la de la rendición de cuentas y la protección real, cada invierno que llegue será un nuevo testigo del colapso de la conciencia internacional.
En otras partes del mundo, las lluvias intensas se consideran desastres naturales que requieren una respuesta inmediata y una infraestructura de protección integral. En Gaza, en cambio, se tratan como un detalle marginal dentro de una guerra continua contra la vida misma. Aquí, la pregunta ya no es sobre el clima, sino sobre el sistema internacional que permite convertir la lluvia en un arma silenciosa de muerte.
Traducción: Dauli Baja
Wisam Zoghbour es periodista, miembro del Secretariado General del Sindicato de Periodistas Palestinos y director de Radio Voz de la Patria.
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